La administración forestal en España. Origen y evolución
El origen de este fondo documental, entendido como el conjunto de documentos generados por una institución en el ejercicio de su actividad, se remonta a la fecha de instauración de la administración forestal moderna en España, a mediados del siglo XIX. En efecto, fue entonces cuando se establecieron las bases para la formación del servicio forestal público, que tendría a su cargo a gestión y el aprovechamiento de los clasificados como montes de utilidad pública, integrándose en la estructura orgánica del ministerio de Fomento.
De hecho, la mayor parte de esta documentación fue producida por el servicio o negociado de Montes, dependiente de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, la cual tuvo diversas denominaciones a lo largo del período que nos ocupa (Dirección General de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio; Dirección General de Instrucción pública, Agricultura e Industria; Dirección General de Agricultura, Minas y Montes).
Dichas direcciones generales estuvieron integradas en el ministerio de Fomento durante los períodos de 1854 a 1899 y de 1906 a 1931; y en el ministerio de Agricultura entre los años 1900-1905 y de 1931 a 1936.
La nueva organización del servicio facultativo de montes, basada en la división del territorio en distritos forestales, dio lugar, a partir de 1863, a la creación de dos distritos que agrupaban a las provincias de Pontevedra-A Coruña y Ourense-Lugo, con capitalidad en las ciudades meridionales. A partir de 1939, los distritos pasarían a ser uniprovinciales. Dichos distritos comenzaron a reconocer los denominados montes públicos, que habían sido exceptuados de la desamortización, y trataron de regular sus aprovechamientos mediante el planteamiento de un plan anual que tenía que ser aprobado.
Al mismo tiempo, pusieron en marcha los primeros deslindes y amojonamientos; formularon las primeras iniciativas de repoblación forestal y comenzaron a establecer un control en la gestión de los recursos piscícolas y cinegéticos. Por lo tanto, todas estas actividades quedaron registradas en la documentación generada al efecto y hoy constituyen la mayor parte del fondo inventariado. Por supuesto, la medida que se iba afianzando el control de los montes por parte de la Administración, también se fueron ampliando sus actividades (consorcios, montes protectores, proyectos de ordenación, protección de la naturaleza).
Por otra parte, los montes dependientes del ministerio de Hacienda, es decir, los que fueron declarados enajenables y los calificados como “dehesas boyales” y de aprovechamiento común, eran administrados por ingenieros forestales adscritos al negociado de montes de la Dirección General de Propiedades. Y así permanecieron hasta su devolución al ministerio de Fomento, en
1921, y su posterior traspaso a las entidades municipales, a partir de 1924, en virtud del dispuesto en el Estatuto municipal del dicho año.
La aprobación del nuevo Estatuto Provincial, en 1925, permitió que las diputaciones pudieran tener una mayor intervención en los asuntos forestales provinciales, lo que se tradujo en el planteamiento de cuatro planes de repoblación forestal, uno para cada provincia. Como continuación a la puesta en marcha de estos planes fue de la mano de la creación de un servicio forestal propio de cada diputación, por lo que también nos encontraremos con documentación producida por estas entidades. Al mismo tiempo, las diputaciones y sus servicios forestales también participaron en los consorcios establecidos en 1941, por lo que continuaron generando expedientes.
Durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-31), se creó la primera Dirección General de Montes, Pesca y Caza, aunque en 1833 había existido una dirección homónima de carácter efímero, y desde entonces todos los asuntos forestales dependieron de una dirección general propia. No obstante, en la etapa de 1939 a 1955 coexistieron dos direcciones generales con responsabilidades en el ámbito forestal, la Dirección General de Montes, Caza y Pesca fluvial y la Dirección General del Patrimonio Forestal del Estado, cuyas competencias y organigrama aparecen reflejados en los cuadros que se aportan.
Desde 1955, y hasta la reorganización administrativa de 1968, existió una única Dirección General de Montes, Caza y Pesca fluvial, con dos subdirecciones (la del Patrimonio Forestal del Estado y la de Montes y Política forestal), además del Servicio Nacional de Pesca fluvial y caza y el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias (IFIE), como se puede apreciar en el siguiente esquema.
- 1939-54. Dirección General de Montes, Caza y Pesca fluvial
- 1939-54. Dirección General del Patrimonio Forestal del Estado
- 1955. Dirección General de Montes, Caza y Pesca fluvial.
- Subdirección del PFE
- Subdirección de Montes y Política forestal
- Subdirección del IFIE
- Servicio Nacional de Caza y Pesca
Los cambios del organigrama ministerial, en 1968, no implicaron la supresión de la Dirección General, pero sí ampliaron el número de subdirecciones y de organismos autónomos, como se puede ver a continuación.
- Dirección General de Montes, Caza y Pesca fluvial, 1968.
- Subdirección General de Montes Catalogados
- Subdirección General de Defensa de la Riqueza Forestal
- Servicio de Plagas Forestales (OA)
- Subdirección General del PFE (OA)
- Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales. (OA)
- IFIE (OA)
- Patronato Nacional de Riofrío (PFE y Turismo) (OA)
Con la creación, en 1971, del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), objetivos fundamentales de la nueva entidad: producción y protección.
- Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 1971.
- Subdirección Gral. de Recursos Patrimoniales y Repoblación Forestal
- Subdirección Gral. de Recursos Naturales Renovables
- Subdirección Gral. de Recursos en Régimen Especial
- Subdirección Gral. de Protección de la Naturaleza
Con la llegada del Estado de las Autonomías tiene lugar un cambio fundamental en la administración del medio forestal gallego, pues desde entonces será una gestión descentralizada y basada en una política forestal diseñada en Galicia, aunque tendrá como referente orientativo la política agraria común. La nueva etapa de administración descentralizada, que vino a coincidir con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, también supuso la adopción de un nuevo organigrama administrativo.